Nuestro Programa Nacional de Incentivos y Desincentivos Ambientales tiene como finalidad facilitar la transformación de procesos, actividades, proyectos y productos amigables con el medio ambiente o y que apoyen la conservación de los recursos naturales.
Promueve la restauración y conservación de ecosistemas y sus servicios por medio de incentivos económicos como la estructuración de productos y servicios financieros, el desempeño ambiental con las certificaciones y eco etiquetado. Los no económicos como el Premio Nacional de Medio Ambiente, y desincentivos a la degradación del paisaje y los recursos naturales.
Dando un enfoque de sostenibilidad ambiental al sector productivo, el Programa prioriza tres esquemas dirigidos a la agricultura y restauración de ecosistemas y paisajes productivos, así como la gestión y el reconocimiento de buenas prácticas ambientales.
Los incentivos y desincentivos ambientales procuran inducir un cambio en el comportamiento de los diversos actores, promueven, premian o motivan conductas amigables con el medio ambiente y desalientan el comportamiento contaminante o el uso inadecuado de recursos naturales. Los incentivos y desincentivos ambientales se presentan como innovadores y complementarios a los instrumentos de comando y control.
Con el Programa, este Ministerio dispone de un instrumento que le permite concentrar todos los proyectos e iniciativas relacionados con los incentivos y desincentivos ambientales. Este vínculo, facilitará la coordinación interna y externa, la gestión de recursos y el logro de los objetivos y compromisos nacionales.
Además, este esfuerzo trae un valor agregado, ya que busca crear mecanismos de supervisión y verificación, así como incentivar el compromiso propio de los actores.
El programa, que fue publicado en el Diario Oficial el pasado 28 de marzo, así como algunos de sus instrumentos se desarrollan junto al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sumándose a otras iniciativas como el Protocolo Verde con la banca nacional; para que El Salvador avance hacia una arquitectura de financiamiento climático y el logro de la Agenda 2030.
