El Salvador cuenta, por primera vez, con una ley que garantiza el agua y el saneamiento como derechos humanos, para responder a las deudas históricas relacionadas con el acceso garantizado al agua potable, a la calidad del suministro y a un servicio digno para toda la población salvadoreña.
En la sesión plenaria 35, desarrollada este 22 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó de la Ley General de Recursos Hídricos, que no pasaba de ser tan solo una propuesta que era discutida en las legislaturas anteriores sin ningún resultado por más de 15 años.
Entre los aspectos que destacan de la ley están que el agua no podrá ser privatizada por ningún motivo, y será el Estado salvadoreño el único que tomará decisiones al respecto.
Desde que se presentó la iniciativa del Presidente Bukele, a través de los ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas, dejó en firme la no privatización del agua.
El acceso al agua será irrestricto y equitativo para la población salvadoreña, y el uso doméstico primará por sobre el uso industrial; además, se garantizará que los sectores históricamente afectados por servicios deficientes tengan prioridad de atención.
Esta ley será el cuerpo base para regular el manejo del agua en El Salvador, su preservación, cuido, protección, y administración. En ella, se consigna que el agua y el saneamiento serán derechos humanos, y el Estado salvadoreño tendrá la obligatoriedad de cumplirlos.
Las juntas administradoras de sistemas de agua potable quedan reconocidas con personería jurídica donde el Estado no puede dar cobertura. Las autorizaciones de uso y aprovechamiento serán otorgadas por un plazo de vigencia de hasta 15 años, con la posibilidad de ser prorrogables previo estudio avalado por la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), el ente rector facultado para dictaminar las políticas necesarias en lo referido al manejo del agua en El Salvador.
Este nuevo instrumento legal está conformado por 9 títulos y 179 artículos, además contiene aportes de cinco grandes sectores representantes de la sociedad civil: universidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas e iglesias de diferentes denominaciones de fe.
En la plenaria estuvieron presentes el Ministro de Medio Ambiente, Fernando López; el presidente de la Anda, Rubén Alemán; y el presidente FONAES, Jorge Castaneda.
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